LA CONTABILIDAD FINANCIERA CON BASE A NIIF PARA LAS PYMES Y LA MEDICIÓN FIABLE EN LOS ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS

 

En el marco de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), uno de los principios fundamentales para el reconocimiento de los elementos de los estados financieros es la medición fiable. Este concepto implica que una partida solo debe reconocerse como activo, pasivo, ingreso o gasto cuando puede asignarse un valor monetario razonablemente cierto, sustentado en evidencia objetiva y verificable. La fiabilidad en la medición evita distorsiones en la información financiera y contribuye a que los estados financieros sean útiles para la toma de decisiones.

En primer lugar, un activo medido con fiabilidad es un recurso controlado por la entidad, resultado de sucesos pasados, del cual se esperan beneficios económicos futuros, y cuyo costo o valor puede determinarse con suficiente precisión. Por ejemplo, cuando una empresa adquiere maquinaria por $10,000 según factura del proveedor, existe evidencia clara del valor de adquisición, por lo que el activo puede reconocerse con fiabilidad. En cambio, si se trata de una marca generada internamente sin un costo claramente identificable, su medición podría no ser fiable, lo que limita su reconocimiento.

En segundo lugar, un pasivo medido con fiabilidad es una obligación presente surgida de eventos pasados, cuyo monto puede estimarse razonablemente. Por ejemplo, una cuenta por pagar a proveedores por $5,000 respaldada por una factura es claramente medible. Asimismo, una provisión por indemnizaciones laborales puede reconocerse si la empresa puede estimar de manera razonable el monto a pagar, aunque no sea exacto. Si no es posible hacer una estimación confiable, no se reconoce como pasivo, sino que se revela en notas.

En cuanto a los ingresos medidos con fiabilidad, estos representan incrementos en los beneficios económicos durante el periodo contable, y deben reconocerse cuando el importe puede determinarse con claridad y existe probabilidad de recibirlos. Por ejemplo, una venta de mercadería por $2,000 respaldada por factura y condiciones de cobro definidas cumple con el criterio de medición fiable. En contraste, ingresos contingentes o sujetos a incertidumbre significativa no deben reconocerse hasta que puedan medirse adecuadamente.

Finalmente, los gastos medidos con fiabilidad son decrementos en los beneficios económicos, que también deben cuantificarse con precisión razonable. Un ejemplo claro es el gasto por servicios básicos, como energía eléctrica, cuando se cuenta con una factura por $300. Incluso gastos estimados, como la depreciación de activos, se consideran medidos con fiabilidad siempre que se utilicen métodos sistemáticos y consistentes basados en estimaciones razonables de vida útil y valor residual.

En conclusión, la medición fiable es un criterio esencial en las NIIF que garantiza que los activos, pasivos, ingresos y gastos reflejen de manera fiel la realidad económica de la entidad. Sin este requisito, el reconocimiento contable perdería credibilidad, afectando la calidad y utilidad de la información financiera.

MOMENTO EN QUE SE CAUSA EL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES CORPORALES (DEVENGAMIENTO IVA)

El contenido del artículo 8 de la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), resulta fundamental para comprender el manejo del IVA en cuanto al momento en que se causa el impuesto en las transferencias de bienes muebles corporales.

La Ley comentada en dicha disposición regula el momento de causación del impuesto en las transferencias de dominio, desarrollando el principio de devengo o causación jurídica del tributo, estableciendo reglas claras que garantizan seguridad jurídica tanto para el contribuyente como para la Administración Tributaria.

En primer lugar, la norma establece como regla general que el impuesto se entiende causado cuando se emite el documento que da constancia de la operación. En la práctica, esto normalmente coincide con la emisión de la factura o comprobante de crédito fiscal, ya sea físico o electrónico. Este criterio vincula la causación al acto formal documentado, facilitando el control fiscal y la determinación del débito fiscal en el período correspondiente.

No obstante, el legislador introduce una regla supletoria de gran importancia: si el precio se paga o los bienes se entregan real o simbólicamente antes de emitirse el documento, el impuesto se causa en el momento en que ocurra cualquiera de esos hechos. Aquí se observa una clara aplicación del principio de realidad económica sobre la forma jurídica, evitando diferimientos artificiales del impuesto mediante retrasos en la facturación.

Asimismo, la disposición contempla el caso especial de las entregas en consignación. En este supuesto, el impuesto no se causa al momento de la entrega inicial al consignatario, sino cuando éste realiza alguno de los hechos señalados (emisión del documento, pago o entrega efectiva al adquirente final). Esta regla respeta la naturaleza jurídica de la consignación, donde no existe transferencia inmediata de dominio.

Finalmente, el artículo establece que el impuesto se causa aun cuando exista mora en el pago o el precio no esté definitivamente fijado. Esta previsión es técnica y coherente con la estructura del IVA como impuesto indirecto que grava el acto de transferencia y no el efectivo pago. La obligación tributaria nace por la realización del hecho generador, no por el cumplimiento de la contraprestación.

Desde una perspectiva técnica-tributaria, el Artículo 8 cumple tres funciones esenciales:

1.     Define el momento de nacimiento de la obligación tributaria.

2.     Evita prácticas elusivas relacionadas con el diferimiento de facturación.

3.     Asegura la correcta imputación temporal del débito fiscal.

En conclusión, el Artículo 8 constituye una norma clave dentro de la estructura del IVA salvadoreño, pues articula el principio de causación con criterios objetivos y verificables, fortaleciendo la certeza jurídica y la eficiencia en la administración del impuesto.

 

EL CAMPO DE ACTUACIÓN DEL PROFESIONAL CONTABLE

  

El campo de actuación del profesional contable constituye el conjunto de ámbitos, áreas y funciones en los cuales el licenciado en contaduría puede ejercer su actividad profesional, aplicando los conocimientos científicos, técnicos y éticos adquiridos durante su formación académica. Este campo no se limita únicamente al registro de operaciones, sino que abarca una participación activa en la generación, análisis, interpretación y comunicación de información financiera útil para la toma de decisiones.

El profesional contable puede desempeñarse tanto en el sector público como en el privado, así como en organizaciones con o sin fines de lucro. Su intervención resulta indispensable en empresas comerciales, industriales y de servicios, donde participa en áreas como contabilidad financiera, contabilidad de costos, auditoría, finanzas, contraloría, presupuestos y materia fiscal. En estos espacios, su función principal consiste en proporcionar información confiable y oportuna que permita evaluar la situación económica de la entidad, controlar sus recursos y planear sus actividades futuras.

Asimismo, el campo de actuación comprende el ejercicio independiente de la profesión. En este ámbito, el contador público puede ofrecer sus servicios como auditor externo, asesor fiscal, consultor financiero o perito contable. En tales casos, su responsabilidad se orienta a examinar, dictaminar y asesorar sobre la correcta aplicación de las normas contables y disposiciones legales, garantizando transparencia y veracidad en la información presentada.

La creciente complejidad del entorno económico y la globalización han ampliado significativamente el campo profesional del contador. Hoy en día, no solo participa en la elaboración de estados financieros, sino también en la planeación estratégica, en la evaluación de proyectos de inversión, en la administración de riesgos y en el diseño de sistemas de control interno. De esta manera, el contador se convierte en un elemento clave dentro de la estructura organizacional, contribuyendo al logro de los objetivos empresariales.

 En términos resumidos, el campo de actuación del profesional contable es amplio y dinámico, ya que comprende todos aquellos espacios donde se requiere información financiera confiable para la adecuada administración de los recursos. Su labor trasciende el simple registro de operaciones, consolidándose como una profesión fundamental para el desarrollo económico y la estabilidad de las organizaciones.

 A continuación, se listan ejemplos de los lugares don el profesional contable puede actuar:

 

Sector Público

1. Ministerio Hacienda, Finanzas o Economía, cargo: Analista financiero gubernamental.

2. Administración Tributaria Estatal cargo: Auditor fiscal.

3. Municipalidad o Ayuntamiento cargo: Contador municipal.

4. Contraloría General del Estado, cargo: Auditor gubernamental.

5. Entidad Pública de Seguridad Social, cargo: Jefe de contabilidad

Sector Privado

1. Empresa industrial (fábrica o manufactura), cargo: Contador de costos.

2. Empresa comercial (supermercados, tiendas, distribuidoras), cargo: Contador general.

3. Despacho contable o firma de auditoría, cargo: Auditor externo.

4. Institución bancaria o financiera, cargo: Analista financiero.

5. Empresa de servicios (hospital, universidad privada, consultora, etc.), cargo: Gerente financiero.

LA FIRMA ELECTRÓNICA EN EL SALVADOR

 

La forma de interactuar por el uso de instrumentos tecnológicos en el mundo, es imparable y la firma electrónica es parte de ello, que producirá para todo tipo de personas civiles y comerciales grandes beneficios en el desarrollo económico y social del país, por lo que la existencia de un marco legal es necesario para la utilización de la firma electrónica como mecanismo legítimo de firmar documentos como si se firmara en papel y con sus mismos efectos; en este sentido, la modernidad con el uso de la tecnología por las nuevas tendencias digitales se hace presente en El Salvador en el año 2015, cuando el uno de octubre la Asamblea Legislativa con el fin de avanzar en la digitalización del país y fortalecer la seguridad jurídica en las transacciones electrónicas llevadas a cabo dentro del territorio salvadoreño, decide aprobar el decreto número 133 que contiene la Ley de Firma electrónica.

Para complementar la utilización de factura electrónica en su ordenamiento regulatorio en el año 2018, se aprobó el Reglamento de la Ley de Firma Electrónica, que tiene por objeto la aplicación y desarrollo de las disposiciones establecidas en la Ley.

En el mismo orden de ideas, para la validez de todo documento que necesite firmarse y producir los efectos de los derechos y obligaciones ante terceros, es fundamental garantizar la firma electrónica con toda la infraestructura técnica imprescindible que se requiere, por lo que la figura de una autoridad certificadora, la regulación del sello electrónico, certificado electrónico, sello de tiempo y servicios de certificación, entre otros, el 20 de julio de 2021, la Asamblea Legislativa a fin de brindar como lo establece los considerando del referido decreto, para dar mayor seguridad jurídica a los proveedores de servicios de certificación, de almacenamiento de documentos electrónicos y a los usuarios de dichos servicios, fortaleciendo y dinamizando el clima de inversión del país e incentivando nuevos modelos de negocios basados en los servicios apuntados, aprobó el Decreto No. 100 (publicado en el Diario Oficial N° 148, T. 432, 6 de agosto de 2021).

No obstante, para el mejoramiento de la buena marcha de la firma electrónica e incorporación a instituciones públicas para acreditarse como proveedoras de servicios de certificación y el mecanismo de indemnización con el rendimiento de garantías privadas para el aseguramiento del compromiso y la permanencia en el negocio de los interesados en prestar los servicios mencionados, el 24 de agosto de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó también el decreto No. 481 (publicado Diario Oficial N° 175, T. 436, 20 de septiembre de 2022). 

El referido decreto también establece la obligación estatal de emitir un reglamento técnico que desarrolle el procedimiento para hacer efectivas las garantías o el plan de acción correspondiente.     

En términos conclusorios la incorporación a la vida jurídica salvadoreña de la Ley de Firma Electrónica y sus reformas, constituye un importante paso a las puertas de la digitalización del país, fortaleciendo la seguridad jurídica en las transacciones electrónicas y la eliminación de barreras paradigmáticas de la forma de documentar el hacer comercio de empresas locales con el exterior. La obligatoriedad de la firma electrónica en ciertos trámites y documentos, más que todo en el ámbito público, fortalece la eficiencia y la seguridad de los procesos administrativos.

 

 

 

 

LA IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACIÓN DEL TRIBUTO E IMPUESTO

 

Según la teoría el término asociado a la carga económica que impone el Estado a sus ciudadanos para obtener recursos financieros se llama tributo, el cual está definido en nuestro ordenamiento tributario interno salvadoreño en el artículo 11 del Código Tributario así:

 

"Tributos son las obligaciones que establece el Estado, en ejercicio de su poder de imperio cuya prestación en dinero se exige con el propósito de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines."

 Asimismo, el artículo 12 del mismo cuerpo legal citado, establece que hay tres clases de tributos:

 "Los tributos se clasifican en: impuestos, tasas y contribuciones especiales."

 En cuanto al tributo impuesto, el artículo 13 también del mismo cuerpo legal citado lo define así:

 "Impuesto es el tributo exigido sin contraprestación, cuyo hecho generador está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo"

 Ahora bien, los impuestos pueden clasificarse atendiendo a diferentes criterios como por ejemplo en razón de su territorialidad en internos, aduaneros y municipales; atendiendo a su razón de origen en internos y externos; y en razón a un criterio administrativo en Directo e indirecto.

 

Según esta clasificación última los impuestos directos son los que gravan directamente la riqueza que posee una persona como por ejemplo las rentas obtenidas y la tenencia de bienes, donde encajan perfectamente el impuesto sobre la renta y el impuesto a la transferencia de bienes raíces; es decir, tanto renta como la transferencia de bienes raíces son impuestos directos, ya que el gravamen recae directamente sobre la persona que obtiene renta o adquiere un bien inmueble.

 

Según la clasificación los impuestos indirectos gravan indirectamente la riqueza de las personas a través de bienes o cosas, como por ejemplo IVA que grava las transferencias de bienes muebles corporales definitivamente y la prestación de servicios con independencia de la persona, donde encaja perfectamente el IVA, ya que cuando adquirimos bienes y servicios soportamos la carga del impuesto del impuesto, pues al precio de los bienes y servicios que adquirimos ya tiene incorporado el IVA.

 

 

La importancia de la clasificación de los tributos tiene que ver con la planificación del sistema tributario, pues allí hay un conjunto de estrategias y procedimientos tributarios que son creadas en base a las necesidades estatales, con la finalidad de mejorar el flujo de recursos económicos, gestionar la carga fiscal y cumplir con los objetivos presupuestarios.

 

La clasificación de los tributos e impuestos permite medir proporcionalmente la carga tributaria impuesta a los ciudadanos  y la creación de políticas públicas tributarias.